Hoy por la tarde participo en una mesa redonda organizada por Bake Bidean en Bilbao, para exponer las ideas de UPyD en relación con este asunto que se nos propone: «El proceso de reconciliación de la sociedad vasca». Iniciaré mi exposición recordando lo que ha ocurrido en Euskadi durante las últimas décadas, en concreto, la pretensión de la banda terrorista ETA de imponer su proyecto político totalitario al conjunto de la sociedad, utilizando para ello el asesinato, la extorsión y el secuestro. Puede que algunos no lo entiendan o les resulte extraño, pero hoy en Euskadi es indispensable comenzar este tipo de debates y jornadas recordando lo que ha ocurrido, porque hay mucha gente trabajando día y noche con un doble objetivo: que se olviden cuanto antes las fechorías de ETA… y que su historia paralela e inventada sea aceptada como cierta o al menos verosímil por una mayoría. Por tanto, parto de un propósito básico: recordar fielmente lo ocurrido para, a partir de ahí, construir el mejor futuro posible, sin impunidad ni cambalaches antidemocráticos.
Durante todos estos años, hemos sufrido la virulenta violencia perfectamente discriminada de ETA: más de 850 asesinatos, miles de heridos e incontables ciudadanos expulsados del lugar donde querían vivir. En ese tétrico y repugnante quehacer diario, Herri Batasuna, Batasuna, EHAK y el resto de marcas de la llamada «izquierda abertzale» han sido las acompañantes leales y fieles de la organización terrorista, los voceros de los delincuentes, los que justificaron y nos «explicaron» cada uno de los asesinatos, los que gritaban «ETA mátalos» frente a nuestras manifestaciones, los cómplices voluntarios de la estrategia etarra para alcanzar el poder y excluir cruelmente a los no nacionalistas.
Hace poco más de un año, ETA emitió un comunicado y anunció «el cese definitivo de la actividad armada», a través de un comunicado repugnante plagado de mentiras y amenazas veladas. En todo caso, anunció lo arriba señalado y con ello se inició el proceso político-judicial claramente precipitado y equivocado de legalización de su brazo político. A día de hoy, y no nos cansaremos de repetirlo, ETA sigue viva y amenazante, emite comunicados, no se ha disuelto, no ha entregado las armas, no ha pedido perdón público por sus crímenes, no ha mostrado arrepentimiento y no se ha mostrado dispuesta a colaborar con la Justicia para resolver los 326 crímenes pendientes de esclarecimiento. Realmente, y esto es algo obvio, la banda pretende seguir condicionando las decisiones de los partidos políticos y el futuro de todos nosotros.
Amaiur, Bildu y EH Bildu se hicieron legales aunque en absoluto democráticos, y obtuvieron excelentes resultados tanto en las elecciones municipales y forales (alcaldía de San Sebastián y gobierno de la Diputación de Gipuzkoa), en las nacionales (6 diputados) y en las recientes autonómicas vascas (21 escaños de un total de 75). A día de hoy, siguen sin condenar la historia criminal de ETA y sin exigir su disolución definitiva e incondicional. Y, recientemente, su portavoz oficial, Laura Mintegi, ha rechazado detener a los delincuentes miembros de la banda, porque la actuación policial y judicial contra ellos es un obstáculo para alcanzar la «paz». Obviamente, continuan defendiendo los intereses de la banda: hacen política en los parlamentos y defienden la impunidad de los criminales.
Creo sinceramente que, tal como escribía hace unos meses Pedro Larrea, «ETA ha perdido la batalla operativa, pero la lucha continúa; queda la más crucial de las peleas: es el combate hermenéutico, el enfrentamiento entre los diversos relatos que ya hoy circulan en el seno de la sociedad vasca». Nos toca recordar que «los crímenes cometidos por ETA no han sido la consecuencia fatal de un conflicto secular irresuelto», tal como pretenden hacernos creer y vender los representantes de la «izquierda abertzale» y, por tanto, los defensores de los intereses de ETA, sino «el resultado de un proyecto político totalitario». Y nos toca participar en todos los foros políticos, sociales e institucionales para recordar la verdad de los hechos y trabajar a fondo y lo más unidos posibles para derrotar definitivamente a ETA y su proyecto político antidemocrático, hacer justicia, impedir que sea posible ningún tipo de impunidad, evitar todo cambalache antidemocrático o negociación política y defender la dignidad de la sociedad.
Se nos pregunta por el proceso de reconciliación de la sociedad vasca. No puede haberla si permitimos un atisbo de impunidad, si aceptamos la falsa idea del conflicto político como elemento justificador de las fechorías cometidas por ETA, si nos tragamos la mentira de que aquí hubo algo así como dos bandos enfrentados que ejercieron violencia ilegítima de modo semejante y que provocaron víctimas iguales o parecidas. En eso están algunos pero me preocupa muchísimo más en qué estamos nosotros. Tal como recientemente escribía Josu Ugarte, de Bakeaz, «debemos enfrentarnos al riesgo de pasar página, del negacionismo o de la banalización de los efectos no visibles de la violencia terrorista que perviven emboscados en discursos, acciones y tics políticos». En palabras de Kepa Aulestia, «las instituciones vascas están obligadas a elegir entre una paz que cargue la responsabilidad sobre los hasta ahora violentos o una convivencia que les libre de culpa. Los términos medios serán siempre favorables a la justificación retrospectiva de la trayectoria etarra». En todo caso, puntualizo que no es paz a lo que aspiramos, porque no hubo aquí ninguna guerra, sino al respeto de nuestros derechos individuales y a la libertad.
Tal como descarnadamente escribía Iñaki Unzueta hace escasos días, «los constitucionalistas tenemos serios motivos para estar preocupados». Explica que en el nacionalismo radical no hay un reconocimiento moral de las víctimas y que «perseveran en el negacionismo. El objetivo es enmascarar, difuminar la frontera entre víctimas sin hacer justicia a lo acontecido. El nacionalismo radical persiste en un proyecto político que obtura la pluralidad de metas y excluye a un parte de la población». Así es, obviamente. Recientemente Pernando Barrena utilizó el término «suceso» para referirse al asesinato de Ernest Lluch, lo cual demuestra que su rechazo de aquel atentado – pero no del resto- es profundamente falso e hipócrita. Lo cierto es que siguen sin pedir perdón público (los asesinatos fueron públicos y sus justificaciones fueron públicas) y sin admitir su complicidad en los más de 850 asesinatos cometidos por ETA. Pretenden confundirlo todo y salir impunes. Quieren lavar su terrible historia de terror y violencia. Quieren vendernos gato por liebre, militan en el negacionismo y hacen todo lo posible por maquillar su pasado cómplice. A nosotros nos toca desenmascararlos a ellos y sus mentiras. Lo cual exigirá un esfuerzo militante que rechace admitir sus historias inventadas y los hechos tergiversados, hasta lograr que se haga justicia y sean derrotados los criminales. No puede producirse en ningún caso un injusto empate moral: que de ningún modo sea lo mismo haber asesinado que haber sido asesinado.
Debemos seguir dando la batalla, como siempre la hemos dado. Es un inmenso error que hoy estén en las instituciones los representantes políticos de ETA, y que estén sin haber condenado y deslegitimado el asesinato de sus conciudadanos. Tal como apuntaba Rogelio Alonso hace menos de un mes, «Estado y sociedad debemos oponer la resistencia precisa a cualquier tipo de impunidad». Nos preguntan por el proceso de reconciliación de la sociedad vasca. Considero que no podrá producirse si no logramos la derrota definitiva e incondicional de la banda, si no somos capaces de contar la verdad de los hechos ocurridos y si no somos capaces de hacer justicia y deslegitimar el terrorismo, la intolerancia y las ideas totalitarias. Se trata de, como siempre, defender la democracia y la dignidad de la sociedad, incluidas obviamente las víctimas del terrorismo.
