Después de los sonrojantes capítulos relacionados con la negativa a la implantación e impartición académica de la asignatura Educación para la Ciudadanía en determinadas autonomías gobernadas por el PP, me encuentro en pleno agosto con el último episodio objetor, venido en esta ocasión de Cataluña: resulta que la Generalitat catalana y el Colegio de Farmacéuticos acaban de acordar llevar la objeción de conciencia a las oficinas de farmacia. Y este acuerdo se ha producido después de que el Ministerio de Sanidad anunciara que las farmacias deberían dispensar sin receta médica la píldora postcoital y atenerse a una multa de 90.000 euros quien decidiera negarse. Finalmente y pese a la legislación vigente (se la saltan por la cara), los profesionales farmacéuticos que terminen objetando no tendrán más obligación que indicar a la ciudadana correspondiente la ubicación de la farmacia más cercana. Algo así como cuando un médico se niega a la práctica médica de un aborto … en un país donde se encuentra garantizado, razón por la cual nos encontramos ante el sorprendente dato de que únicamente el 2,5% de los mismos se practican en los hospitales públicos. Es probable que seguirán episodios semejantes en los próximos meses, habida cuenta de las mentes nostálgicas y reaccionarias que merodean y nos asolan. Si finalmente se producen, se tratará de nuevas victorias reaccionarias sobre el respeto democrático a la voluntad ciudadana. Y esto que la Constitución Española únicamente regula la objeción de conciencia para asuntos militares, y no parece que sean precisamente de esta materia los asuntos de los que estoy hablando (auque vayan ustedes a saber las explicaciones de los objetores…). Mientras esto ocurre, el PNV, que es mucho más un movimiento de masas que un partido político al uso, afirma haber decidido que votará a favor de la ley del aborto que próximamente votaremos en el Congreso. Si nosotros no lo hacemos, deberemos explicar muy bien las razones y presentar un proyecto alternativo.