Tras el acuerdo de gobierno firmado por el PNV y el PSE-EE, ratificado por sus bases a lo largo de esta semana, Imanol Pradales se ha convertido en nuevo lehendakari. Ambas formaciones atesoran el suficiente conocimiento mutuo y la suficiente experiencia en gobiernos de coalición como para que la firma del acuerdo, tras los resultados electorales del pasado 21 de abril, supusiera mayor problema. Aunque EH Bildu pudo igualar en 27 diputados al PNV, no pudo superarlo en votos, lo cual facilitó el pacto entre jeltzales y socialistas. En el fondo, ni aunque EH Bildu hubiera ganado en votos y escaños se hubiera evitado el acuerdo que ambos partidos han alcanzado. Por mucho que antes de las elecciones se debatiera, no ha llegado todavía el momento en que los socialistas apoyen a un lehendakari independentista. Una cosa es que Sánchez se apoye en ellos para permanecer en la Moncloa y otra cosa distinta es gobernar con ellos y llevarlos a Ajuria Enea. Las heridas provocadas por ETA están todavía demasiado abiertas y, sobre todo, los socialistas prefieren la estabilidad de un gobierno en coalición con el PNV, puesto que a su sombra viven cómodamente: quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y uno es nominal y supuestamente de izquierdas, pero no tanto como para romper con los de Ortuzar y jugarse las habichuelas.
Así que no hubo sorpresas: tras el preacuerdo alcanzado, Andoni Ortuzar y Eneko Andueza firmaron el programa de gobierno y el reparto definitivo de las carteras entre cada uno de los partidos políticos en presencia de quien es ya nuevo lehendakari, lo apoyaron el jueves pasado durante el debate de investidura y hoy Pradales jura el cargo de lehendakari en la Casa de Juntas de Gernika. O sea, casi lo de siempre, salvo la legislatura en la que Patxi López fue elegido lehendakari con los votos del PP y el de un servidor, y los dos primeros años de la siguiente legislatura, tiempo durante el cual los socialistas ejercieron de oposición, la justa para que el PNV se diera cuenta de que era recomendable firmar cuanto antes un acuerdo de estabilidad y gobierno, dejarse de aventuras, evitar más derrotas parlamentarias y blindar Ajuria Enea. Además, el PNV es a veces independentista pero no tonto: saben que reciben votos de todo el espectro político vasco y, desde luego, prefieren a los socialistas como socios antes que a los de Arnaldo Otegi. Al menos de momento.
Respecto al acuerdo suscrito y al programa de gobierno que ambos partidos se comprometen a llevar adelante, más de lo de siempre o parecido: por un lado, consolidar lo que ya se ha venido haciendo; por otro lado, corregir los errores cometidos y prometer lo que ya se prometió y no se hizo. Genéricamente, «abordar los grandes desafíos de Euskadi», y más concretamente, promover el fortalecimiento de los servicios públicos, especialmente Osakidetza, la «reindustrialización» con empleos de calidad y mejores salarios, una transición energética «ordenada y justa», el impulso de la emancipación juvenil o la implantación de soluciones al problema de la vivienda. O sea, los habituales compromisos que cualquiera firmaría pero que deberán concretarse y hacerse realidad después de las promesas: porque los servicios públicos vascos no son los que en su día fueron, Osakidetza no es la envidia que fue en el pasado sino uno de los más graves problemas que tenemos los vascos, la educación sigue centrada en una política lingüística disparatada y absurda, los empleos ni son de tanta calidad ni son tan altos, lo que dificulta la emancipación de nuestros jóvenes, y el problema de la vivienda sigue sin solucionarse a pesar de disponer de la ley de vivienda más avanzada de España, esa que, sin embargo, no está dando los frutos que se esperaban cuando fue aprobada, principalmente porque el PNV, enemigo ideológico de ella, la ralentiza y limita sus potencialidades.
Por lo demás, el acuerdo incluye alguna otra reivindicación histórica, como el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, es decir, la asunción definitiva de todas las competencias pendientes y, cómo no, alcanzar un nuevo «pacto estatutario» que asuma nuevas competencias para la Comunidad Autónoma del País Vasco, porque el desarrollo del Estado de las Autonomías siempre implica el vaciamiento competencial del Gobierno de España y el traspaso de nuevas competencias a las Comunidades Autónomas ad infinitum o hasta la desmembración definitiva de España; y todo ello para avanzar en la conformación no ya de un Estado federal asimétrico sino directamente de un Estado confederal donde la igualdad, la solidaridad y la redistribución de la riqueza entre ciudadanos y territorios serán recuerdos del pasado, lo cual se va a acelerar con el pacto fiscal que el Gobierno de España conceda a Cataluña a cambio de que Illa pueda ser president. Para lograr ese nuevo «pacto estatutario» se conformará la enésima ponencia que invitará a sesudos expertos que nos explicarán las bondades del actual Estatuto de Gernika, el Concierto Económico y la foralidad vasca, además de las potencialidades que alberga el Estatuto y de las posibilidades que se abrirían con su reforma, siempre para acoger nuevas competencias y depender menos del Gobierno de España. Que la unión hace la fuerza, pero no tanto.
Así que el pacto entre jeltzales y socialistas es un poco el pacto de siempre: una mezcla de socialdemocracia y defensa de los servicios públicos con nacionalismo, solo que este avanza y aquellos retroceden. Ni a unos ni a otros les preocupa demasiado, salvo que se ponga en peligro su hegemonía, cosa que parece lejana, no tanto por méritos propios como porque la alternativa es que EH Bildu alcance la Lehendakaritza. Y eso son palabras mayores. Así que el pacto entre el PNV y el PSE-EE era el único políticamente viable. Y el más rentable, sobre todo para ellos.
(Publicado en Crónica Vasca el 22 de junio de 2024)