La corrupción política está institucionalizada en España y es, sin duda, uno de los problemas más serios que padece nuestra muy mejorable democracia. Los casos Nóos, Pujol, Bárcenas, la trama Gürtell, los ERE de Andalucía, los sobresueldos del PP, Bankia, las tarjetas opacas de Caja Madrid… o el último episodio de apropiación indebida y latrocinio dirigido por el número dos de Esperanza Aguirre en Madrid han situado este problema como el problema que más repugna a los ciudadanos. Hablamos de casi 2000 imputados y 170 condenados en una sola legislatura, si bien la inmensa mayoría de los condenados no está en prisión. La sensación de impunidad es generalizada y el deseo de la ciudadanía, diáfano: los corruptos deben ingresar en la cárcel y devolver el dinero que nos han robado. Añado además que este crimen organizado que estamos padeciendo tiene responsables: básicamente, los partidos políticos viejos y envejecidos que, durante años, han minusvalorado voluntariamente el alcance de la corrupción política, han defendido a sus corruptos y se han negado a poner en marcha las medidas de regeneración democrática que, desde UPyD, hemos venido exigiendo. Por eso las peticiones de perdón no sólo son insuficientes sino que suenan hipócritas. Durante años, PP y PSOE pero también el resto de las principales formaciones han votado reiteradamente en contra de todas nuestras propuestas. Ahora piden perdón y vuelven a prometer actuaciones contundentes… pero ya es tarde y carecen de toda credibilidad.
Ya en 2007, UPyD señaló a la corrupción política y la opacidad de las principales instituciones como unos de los principales problemas a resolver a través de medidas para la regeneración democrática. Hemos puesto en marcha iniciativas a favor de la transparencia interna, como la publicación de las cuentas del partido o las nóminas y declaraciones de bienes de los cargos públicos en las webs de UPyD. Hemos defendido iniciativas de control interno, como la aplicación obligatoria de un Código ético y de conducta para nuestros cargos. Nos hemos aplicado iniciativas del tipo primarias obligatorias y defendido las listas desbloqueadas como forma de acercar la política a los ciudadanos. Hemos planteado iniciativas para despolitizar la Justicia, repartida vergonzosamente a escote entre los principales partidos. Hemos defendido iniciativas como la aprobación de una Ley de Transparencia digna de tal nombre y que el derecho a la información sea considerado un derecho fundamental recogido en la propia Constitución Española. Hemos planteado reiteradamente la necesidad de despolitizar y profesionalizar los principales órganos reguladores y de control, los cuales llevan tiempo fallando estrepitosamente al estar parasitados por los partidos. Defendimos en la más absoluta soledad la profesionalización de las politizadas cajas de ahorros, politización que a muchas las llevó a la quiebra y a su rescate con dinero público. Hemos defendido iniciativas para profesionalizar la administración, reducir los cargos a dedo y acabar con el enchufismo. Hemos defendido la necesidad de impedir legalmente que los imputados por corrupción pudieran ir en listas electorales y, desde luego, mantenerse en sus cargos como si nada. Hemos exigido que sea delito tanto la financiación ilegal de los partidos políticos como el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos. Yo mismo defendí en el Parlamento Vasco las listas abiertas, la supresión de los aforamientos o la despolitización del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Pues bien, a todo esto han venido diciendo “no” el bipartidismo corrupto que nos ha gobernado y los principales partidos que han sustentado ese bipartidismo que hoy parece que finalmente llega a su fin.
No basta con pedir perdón. No basta con decir que les repugnan los delitos que se les amontonan. No basta con prometer ahora actuaciones contundentes. No engañan ya las lágrimas hipócritas ni las escenificaciones de congoja y pena. No bastan las palabras porque conocemos perfectamente los hechos. Hemos sufrido el saqueo continuo de las arcas públicas mientras se impulsaban recortes sociales, se rescataba con dinero público a las entidades financieras o se ponían en marcha las preferentes. La gente está harta. Los viejos partidos son un problema para la sociedad y un auténtico obstáculo para regenerar la democracia y limpiar las instituciones. La vieja política y los viejos partidos nos han traído hasta aquí. Que no cuenten con nosotros para garantizarles un salvavidas, como algunos vienen a reclamarnos ahora: no vamos a ser su muletilla sino su alternativa. La opción razonable, sensata y decente que necesita España.