Mi intención no es tanto describir lo mal que están las cosas (el paro crece, la desigualdad social avanza, la pobreza se incrementa, los desahucios se multiplican, los ciudadanos sienten que las instituciones no se ocupan de resolver sus problemas, los casos de corrupción y los escándalos se multiplican… las pulsiones nacionalistas se recrudecen) sino ante todo y sobre todo subrayar que hay salida y esperanza y proponer, exponer, argumentar y explicar aquellas medidas que son, en nuestra opinión, indispensables para salir de la situación de crisis política y económica en la que nos encontramos.
Ante esta situación, como digo, y parafraseando a Fernando SAVATER, la pregunta que debemos realizarnos y que debemos responder cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos, cada uno de los representantes políticos, no es “qué va a pasar” sino “qué podemos hacer”.
Es por esto que en los próximos minutos explicaré las principales propuestas que UPyD ha defendido, defiende y defenderá para salir de la crisis política y económica en la que nos encontramos. Todo esto es lo que desde UPyD consideramos que podemos y debemos hacer. Todo esto es lo que desde UPyD consideramos indispensable que se haga. Todo esto es aquello que ya hemos propuesto en las distintas instituciones donde tenemos representación. No es fácil porque los adversarios acechan y los viejos partidos políticos tratan de salvar su txoko… pero es lo que pensamos nosotros que debe hacerse. Y que puede hacerse.
De hecho, es una obviedad que muchos de los asuntos y muchas de las propuestas que nosotros estamos poniendo encima de la mesa desde nuestra fundación como partido político, en el año 2007, están hoy en el debate político. Son aquellas cosas de las que hoy se habla: medidas para la regeneración de la democracia, la necesaria reforma del Estado autonómico para hacerlo viable y sostenible, la reforma de la ley electoral o, incluso, el mantenimiento o no de un régimen excepcional como es el sistema de concierto económico.
En Euskadi ocurre cosa parecida: algunas de las cuestiones que están tratando hoy los distintos partidos políticos… las llevamos defendiendo desde UPyD desde el primer día en que tuve ocasión de intervenir en un pleno del Parlamento Vasco.
Habrá quien recuerde que fue UPyD quien pidió en el Parlamento Vasco durante la pasada legislatura la reforma de la Ley de Territorios Históricos… recibiendo por ello un aluvión de críticas por parte de la práctica totalidad del arco parlamentario. Todavía recuerdo al Lehendakari López acusándome de pretender empezar la casa por el tejado. Como consecuencia de aquella iniciativa se acordó la puesta en marcha de la Ponencia de Duplicidades, que mantuvo el debate abierto sobre el disparatado entramado institucional vasco.
Muchos de ustedes me recordarán en la última campaña electoral desgañitándome en todas las entrevistas y en todos los debates sobre la necesidad de reformar el disparatado entramado institucional vasco. Allá donde iba, así me expresaba: el disparatado entramado institucional vasco. Pues bien, el propio PNV, ha pasado de pedirme que no llame entramado al entramado institucional vasco… a proponer la reforma del entramado institucional vasco. Es obvio que no quiere reformarlo, pero también este asunto se ha colado en la agenda de los partidos políticos… como tantos otros.
O la necesidad de defender una fiscalidad común para el conjunto de los ciudadanos vascos, o la necesidad de poner en marcha un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal… y tantos otros.
Estos asuntos han sido defendidos por UPyD durante todos estos años… y casi siempre en solitario… y es de estos asuntos de lo que se habla ahora a diario.
En fin, vayamos por partes: lo primero que debemos hacer para poder salir de la situación de crisis política y económica en la que nos encontramos es impulsar medidas para regenerar, medidas para acercar la política a los ciudadanos y hacer que las instituciones funcionen. El problema no es la política sino el sectarismo político y la partitocracia, la evidencia casi palpable de que los viejos partidos políticos anteponen siempre sus intereses partidarios a los intereses de los ciudadanos.
Hay que aprobar leyes eficaces contra la corrupción, para acabar con la impunidad de los responsables y en concreto para:
– La inelegibilidad de las personas acusadas por delitos de corrupción política.
– Incluir en el Código Penal el delito de financiación de los partidos políticos.
– Incluir en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito de los cargos públicos.
– Entre otro.
Para regenerar la democracia, hay que garantizar la independencia de la Justicia y hay que aprobar una Ley de Transparencia y hay que reformar las leyes electorales.
Decía Fidalgo que el mayor proceso de privatización habido en España ha sido la ocupación por parte de los partidos políticos de todos los espacios de la sociedad: están o han estado en las cajas de ahorros quebradas, están en los órganos de la Justicia, están en las Televisiones Autonómicas, están en los órganos reguladores, están en todos lados y quieren controlarlo todo: no para mejorar la sociedad y atender y tratar de solucionar los problemas de los ciudadanos… sino para proteger o ensanchar sus intereses partidarios.
Para salir de la crisis política e institucional que sufrimos, hay además que reformar el modelo de Estado porque el actual es inviable e insostenible. Proponemos, seguimos proponiendo… impulsar todas las reformas legales que sean necesarias para alcanzar un Estado Federal Simétrico Cooperativo, que no es lo mismo que un Estado Federal Asimétrico o que un Estado Confederal. Nuestro modelo es un Estado Federal Simétrico conformado por CCAA todas ellas con las mismas competencias, y donde el Estado central se reservaría una serie de competencias indelegables recogidas en la Constitución Española.
Obviamente, en este Estado Federal igualitario, por ser federal y por ser igualitario, no habría sitio para regímenes fiscales excepcionales, no habría sitio para los privilegios, se garantizaría la igualdad de todos los ciudadanos.
Esta propuesta de Estado Federal Simétrico que UPyD propone supondría, por tanto, la supresión del Concierto Económico y del Convenio navarro: como partido progresista que somos, defendemos la igualdad frente a los privilegios.
Todo el mundo sabe que el Concierto Económico y el Cupo vasco suponen un privilegio. Todo el mundo sabe que implica una sobrefinanciación para los ciudadanos vascos. Y todo el mundo sabe que es contradictorio decir que se defiende la unidad fiscal en el conjunto de Europa y mantener sin embargo en España cinco regímenes fiscales diferentes o en Euskadi tres políticas fiscales diferentes.
Todos los representantes políticos que, con cara de indignados y con cara de pena, han salido al paso y protestado ante el hecho de que haya quien ha dicho que el Concierto Económico es un privilegio… todos ellos sin excepción saben perfectamente que es un privilegio.
La hemeroteca es ya bastante voluminosa: el actual portavoz socialista en el Parlamento Vasco dijo antes de abrirse la polémica que “gracias al Concierto Económico, los vascos no pagamos nada al resto de los españoles”. El señor Maroto, alcalde de Vitoria, afirmó en la campaña electoral vasca que “soy un hombre pragmático: no nos interesa la independencia, ya tenemos el Concierto Económico, que nos beneficia”.
El Concierto Económico vasco y el cálculo del Cupo permiten al País Vasco disfrutar de niveles de financiación por habitante muy superiores a los observados en cualquier comunidad de régimen común. Insisto: nosotros somos progresistas, defendemos la igualdad, criticamos y censuramos todos los privilegios.
La pregunta es: “¿creemos en la igualad o no creemos en la igualdad?” Nosotros creemos en la igualdad. Nosotros creemos que a los vascos nos interesa la igualdad. Ha habido quien ha dicho que estas críticas le provocan dolor. Lo realmente doloroso es que haya quien se denomine progresista y, sin embargo, defienda privilegios para unos ciudadanos frente a los restantes. Quizás sea más normal que los partidos conservadores o los partidos nacionalistas defiendan la desigualdad y los privilegios… pero que lo hagan aquellos partidos políticos que se denominan progresistas es algo absolutamente incomprensible.
La enorme diferencia que existe entre la financiación por habitante de los territorios forales y la de las comunidades de régimen común con niveles similares de renta resulta muy difícil de justificar y tiende a ser vista como lo que es: un agravio comparativo en estas últimas.
El sistema de concierto genera una enorme asimetría financiera entre los territorios forales y el resto, lo que supone una violación flagrante del principio de igualdad recogido en el artículo 1 de la Constitución Española. Las peculiaridades de los territorios forales tienen encaje constitucional a través de la disposición adicional primera. Nada en ella, sin embargo, garantiza el derecho a disfrutar de los privilegios económicos derivados de la forma en que se ha calculado históricamente el Cupo. Por el contrario, tales privilegios suponen una clara violación de la prohibición constitucional de que los regímenes autonómicos comporten en ningún caso privilegios económicos o sociales (artículo 138.2 de la CE). Asimismo, el artículo 139.1 proclama que “todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”. Por su parte, el artículo 149.1.1 concede al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Merece la pena recordar que estas cuestiones tienen que ver con la igualdad en que se fundamenta cualquier Estado moderno y democrático.
Los resultados financieros del sistema de concierto han sido enormemente ventajosos para los territorios forales por tres motivos fundamentales:
– uno, se exime a las comunidades forales de contribuir al sistema de nivelación interregional, a través del que el Estado aporta recursos a las Comunidades de menor renta para que éstas puedan prestar servicios similares a los de territorios más ricos;
– dos, la valoración del resto de las competencias estatales no transferidas al País Vasco está enormemente sesgada a la baja;
– y tres, el ajuste técnico que se realiza para conseguir que cada administración se quede con la parte del IVA que en última instancia soportan sus ciudadanos también está sesgado a favor de las comunidades forales, y el problema surge porque los cálculos necesarios para realizar el ajuste se hacen utilizando valores de los coeficientes que recogen el peso de estas Comunidades en el consumo nacional y en la base del impuesto que no coinciden con los reales.
Como consecuencia de todo ello, estas dos Comunidades (Navarra y País Vasco) disfrutan de una financiación por habitante superior en un 60% a la media de las Comunidades de régimen común. Pese a tratarse de dos de las Comunidades con mayor renta per cápita de España, presentan sorprendentemente una balanza fiscal positiva.
Por tanto, reforma del modelo de Estado para garantizar la igualdad del conjunto de los ciudadanos y su viabilidad. No para contentar a los nacionalistas, lo cual es materialmente imposible porque son insaciables, sino para defender el interés general y la igualdad de todos los ciudadanos. No para llevarles la contrario sino para defender la igualdad… a pesar de ellos. Y para modernizar un Estado elefantiásico.
Durante demasiados años se han hecho cosas en España para contentar a los nacionalismos y dejado de hacer otras para que no se enfadaran. Debemos superar esa etapa. Qué decir en Euskadi, donde los partidos llamados no nacionalistas, mientras tuvieron mayoría absoluta en el Parlamento Vasco durante la pasada legislatura, se comportaron casi del mismo modo que los nacionalistas. De hecho, soy de los que piensan que la verdadera “normalización política” pendiente en Euskadi es que los no nacionalistas salgamos del armario.
Los nacionalistas tienen todo el derecho del mundo a exponer, explicar y defender sus ideas. Pero también nosotros. Y debemos hacerlo abiertamente. De hecho, la mejor forma de defender la libertad de expresión… es expresarse libremente.
Durante demasiado tiempo, se ha vendido como progresismo ceder ante los nacionalismos. Cuando uno se acerca al nacionalismo, se centra. Cuando uno le lleva la contraria, es de extrema derecha. Demasiadas falsedades durante demasiados años. Aprovecharé este foro para decir alguna verdad: el nacionalismo progresista es una contradicción en los términos. El nacionalismo es profundamente reaccionario. No hay nada tan reaccionario como el nacionalismo. Se rige por un principio máximo que, en última instancia, nos perjudica a todos: “lo mío es mío y lo tuyo es de los dos”.
Nos acechan desde siempre los nacionalismos disgregadores que existen en España y que han pretendido siempre romper la igualdad ciudadana para lograr ventajas políticas y beneficios económicos. Y nos acechan también los nacionalismos grandes (de Estado) que impiden la construcción de esa Europa federal, solidaria, igualitaria y sin fronteras interiores a la que aspiramos.
Por tanto, el Estado Autonómico actual debe reformarse profundamente, para garantizar la igualdad y su viabilidad. Debemos suprimir las diputaciones provinciales y debemos fusionar los municipios más pequeños, como han hecho todos los países europeos. Debemos hacer justo lo que los partidos viejos no quieren hacer, porque no tienen otro objetivo que defender sus intereses partidarios. Prefieren recortar en Educación, Sanidad, Dependencia o gasto social antes que tocar sus estructuras. Prefieren anteponer sus intereses partidarios a los intereses de los ciudadanos.
En Euskadi ocurre algo parecido: hay que reformar profundamente el entramado institucional vasco: es absurdo que una Comunidad Autónoma de apenas dos millones de habitantes tenga 4 parlamentos, 3 haciendas forales y 3 políticas fiscales distintas, 251 municipios (la mayoría muy pequeños) y decenas de empresas públicas.
Nosotros defendemos una sola política fiscal para el conjunto de Europa y, como paso previo, defendemos que las competencias fiscales que ahora residen en las Juntas Generales de los Territorios Históricos pasen al Parlamento Vasco… como paso previo a que las competencias fiscales pasen al Congreso de los Diputados.
Queremos que sea en el Parlamento Vasco donde se debata y acuerde la política fiscal que afecte a los ciudadanos vascos. Es absurdo que un ciudadano vasco pague distintos tributos en función del territorio histórico donde resida. Y es igual de absurdo que un ciudadano español pague distintos tributos en función de la parte de España donde viva.
Por tanto, reforma profunda de la Constitución Española, del Estatuto de Gernika y de la Ley de Territorios Históricos. Supresión de las Diputaciones Forales, supresión de las Juntas Generales de los Territorios Históricos, fusión de municipios.
Estas propuestas terminarán abriéndose paso, por mucho que ahora parezcan minoritarias. Son minoritarias entre los viejos y conservadores partidos políticos, que no quieren que nada cambie, pero crecientemente comprendidas por el conjunto de los ciudadanos.
Hay que redimensionar el entramado público empresarial: nos parece inaceptable que se baje el sueldo a los funcionarios, se congelen o se reduzcan las pensiones, se impulsen recortes sociales o se reduzcan las ayudas a los más necesitados… mientras se mantiene prácticamente invariable el número de entes, fundaciones y empresas públicas por donde se nos van ingentes cantidades de dinero, muchas de las cuales no han servido históricamente más que para colocar a los amigos de los que han venido gobernando.
En ocasiones se crearon para soslayar los controles más estrictos a los que está sujeta la Administración General y en numerosas ocasiones para actuar sobre materias en las que no se tenía competencia directa, asumiendo competencias impropias.
Muchas de estas empresas no han servido ni sirven a los intereses generales de la ciudadanía, no han incentivado ni incentivan la actividad económica, no han ahorrado ni ahorran costes, no han aportado ni aportan valor añadido a los poderes públicos vascos, no sirven para que los ciudadanos reciban un mejor servicio. Al contrario, se han convertido en gasto superfluo, en rémora para el crecimiento económico y en nido de amiguismo, nepotismo y opacidad. Este asunto es esencial para alcanzar una Administración Pública más transparente, más moderna, más eficaz, más eficiente y menos costosa.
Hay que luchar más y mejor contra el fraude fiscal y, desde luego, seguimos defendiendo tras 5 años proponiéndolo un PLAN CONJUNTO de LUCHA contra el FRAUDE FISCAL y que incluya el reforzamiento y agilización de los mecanismos de colaboración, coordinación, transparencia e intercambio de información entre todas las administraciones tributarias (Diputaciones Forales, Agencia Estatal de Administración Tributaria y Comunidad Foral de Navarra). Y la utilización de todos los mecanismos de interconexión de datos que sean necesarios para combatir el fraude fiscal. Y el reforzamiento de los actuales sistemas de intercambio de datos entre las haciendas de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava.
Y necesitamos una reforma fiscal, y que la fiscalidad se debata y se acuerde en el Parlamento Vasco, para corregir el absurdo de que los ciudadanos vascos paguemos distintos impuestos en función del territorio histórico donde residamos.
En fin, se trata de destinar el dinero a lo realmente importante: en lugar de destinarlo a mantener administraciones inútiles o empresas públicas que no son más que agencias de colocación, debe destinarse al mantenimiento o fortalecimiento del Estado del Bienestar, al gasto social, a las inversiones productivas y al impulso de la actividad económica y a la creación de empleo.
Algunas de ideas (entramado institucional, sector público empresarial, fiscalidad o lucha contra el fraude) son las que dicen que están encima de la mesa negociadora en torno a la cual vienen sentándose en los últimos tiempos el PSE y el PNV. Viendo los antecedentes, mi opinión es que no harán nada de lo fundamental que debe hacerse. Viendo lo que cada uno ha hecho cuando pudo hacerlo, mi opinión es que no tienen otro objetivo que salvar sus intereses partidarios y garantizarse nuevas cotas de poder. Lo iremos viendo. Y, en todo caso, nosotros seguiremos defendiendo todas estas propuestas.
Este próximo miércoles trasladaremos al PNV nuestras propuestas de lucha contra el fraude y de fiscalidad. Para esa reunión y para más adelante, la posición de UPyD será la misma que ha mantenido hasta ahora (y que el PNV la conoció de primera mano en los diálogos presupuestarios): dialogar y negociar en base a contenidos y propuestas políticas concretas (quizá sea algo novedoso en Euskadi).
Somos y seremos firmes en aquello que consideramos esencial y somos y seremos flexibles en aquello que consideramos accesorio. Firmes en lo esencial y flexibles en lo accesorio. Y siempre arrimar el hombro… que para nosotros no es otra cosa que defender aquellas propuestas que nosotros consideramos buenas para los ciudadanos vascos.
Añadiré que seguimos defendiendo la Reforma de la Ley electoral vasca para implantar en Euskadi la circunscripción electoral única y las listas abiertas. Al contrario de lo que se ha dicho, ningún territorio se vería perjudicado, tal como los más localistas del lugar plantean… porque la obligación de cada parlamentario seguiría siendo la misma que hasta ahora: representar al conjunto de los ciudadanos, no representar a un determinado territorio. Yo mismo soy guipuzcoano y mi trabajo en el Parlamento Vasco no es defender a mi territorio frente a los restantes sino defender el interés general y el bien común.
Lo hemos planteado en el Parlamento Vasco y lo seguiremos planteando: ganamos el debate y perdimos la votación: todos contra un servidor. Por lo demás, no hubo noticias reseñables: el Partido Popular, por defender la circunscripción electoral única y las listas abiertas, nos acusó de defender planteamientos antidemocráticos y de neo falangismo.
En fin, he hablado al comienzo del grave problema de la corrupción política y de las medidas que deben impulsarse para acabar con ella. Debo decir que no hay mayor corrupción que el hecho que se sienten en el Parlamento Vasco aquellos que siguen sin condenar a ETA y sin exigir su disolución incondicional y definitiva.
No hay mayor corrupción que tratar a los verdugos como si fueran víctimas. No hay mayor corrupción que pretender falsear la historia. No hay mayor corrupción que confraternizar con quienes siguen justificando a ETA. No hay mayor corrupción que elevar a los altares a los pacificadores de salón… mientras se denigra a ciudadanos comprometidos durante años en la lucha contra ETA. No hay mayor corrupción que corromper el lenguaje para no llamar a las cosas por su nombre. No hay mayor corrupción que llamar «personas muertas» a los asesinados por ETA.
Para derrotar a ETA, lo que necesitamos en Euskadi no son palabras pomposas que nos hablen de paz y de convivencia sino, sobre todo, que se respete el Estado de Derecho y se aplique estrictamente el Código Penal. Necesitamos lograr la derrota definitiva de la banda terrorista, con Justicia y con memoria, sin cambalaches antidemocráticos y sin impunidad de ningún tipo.
No necesitamos planes que soliciten “un compromiso social” a la Ertzaintza con los derechos humanos para contentar a BATASUNA… sino la deslegitimación de las ideas totalitarias que todavía perviven en una parte de la sociedad. Quienes necesitan un cursillo en tolerancia, derechos humanos y respeto al Estado de Derecho son los cargos públicos de AMAIUR, BILDU o EHB y, ya de paso, los dirigentes de SORTU.
No necesitamos planes que nos hablen de la guerra civil y de la dictadura franquista sin otro objetivo que tratar de repartir culpas, diluir las responsabilidades de la “izquierda abertzale”… y vendernos la teoría del conflicto político… según la cual ETA es sólo una de las muchas violencias que sufrimos en Euskadi… sino defender la democracia, la pluralidad y la libertad.
Los huidos de ETA pedían anteayer a los vascos respaldo para lograr sus objetivos políticos. Nosotros les pedimos a los vascos y al resto de los españoles respaldo para derrotarla.
En fin, voy terminando: todas aquellas medidas que hemos defendido y defendemos desde el año 2007 son los asuntos fundamentales de los que hoy se habla permanentemente: el modelo autonómico, el entramado institucional vasco, la fiscalidad, la igualdad fiscal, las reformas de las leyes electorales, la supresión de las diputaciones, la fusión de municipios, la regeneración de la democracia y la lucha contra la corrupción política.
Ya tenemos lo que no teníamos en 2007: un partido nacional progresista que defiende con coherencia y en cualquier parte del país todo aquello a lo que el establishment se opone porque prefiere proteger sus intereses partidarios, sus parcelas de poder, y el statu quo vigente.
En fin, por defender estas ideas he recibido distintos adjetivos calificativos en el Parlamento Vasco:
– Extrema izquierda.
– Extrema derecha.
– Jacobino.
– Defiendo intereses ajenos a los intereses de los ciudadanos vascos.
– Basura.
– Neofalangista.
– Demagogo.
– Populista.
No nos vamos a arrugar.
A día de hoy, todas las fuerzas políticas vascas y la sociedad vasca en general ya saben que UPyD cree en la política para salir de la crisis y solucionar los problemas de la gente. Y saben que no somos un partido como los demás. Tenemos principios que no traicionamos, defendemos lo mismo en campaña electoral que fuera de ella, decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos, ni nos vendemos ni traicionamos la palabra dada. Somos coherentes. Ofrecemos hechos, no sólo palabras.
