El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, acaba de ser procesado por el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, por lo que se encuentra a un paso de sentarse en el banquillo. Se trata de poder aclarar si, efectivamente, el máximo responsable de cumplir y hacer cumplir la ley en España cometió o no un delito de revelación de secretos al supuestamente filtrar información secreta de la pareja de Isabel Díaz Ayuso a medios afines con el objetivo de perjudicar al PP y beneficiar al PSOE, al Gobierno de España que lo nombró y, en última instancia, a Pedro Sánchez. Pero Sánchez no puede permitirse que la Justicia lo investigue o investigue tanto que su castillo de naipes se desmorone, puesto que se juega su carrera política y su permanencia en la Moncloa, lo que viene a ser lo mismo. Sánchez no puede permitirse que la Justicia trate de saber la verdad sobre presuntos hechos delictivos en los que podría estar involucrada, como parece, la Presidencia del Gobierno de España. Sánchez no puede ni quiere permitirse que la Justicia lo investigue a él pero tampoco al grupo de leales del que se ha rodeado a modo de trinchera reaccionaria para mantenerse en Moncloa el mayor tiempo posible, al menos mientras le sean útiles a sus objetivos. A estas alturas es una cuestión de supervivencia política pero, además, es una cuestión de carácter: él quiere vencer todas las batallas, y esta que enfrenta el Fiscal General del Estado por supuestamente cometer un delito, es como si fuera suya, porque él es uno de los leales de los que se ha rodeado.
En lugar de dimitir para salvaguardar el prestigio de la Fiscalía General del Estado, que se encuentra ya desprestigiada por su servidumbre al Gobierno de España, Álvaro García Ortiz ha decidido aferrarse a su cargo. Y el Gobierno de España, en lugar de invitarlo sutilmente a dimitir o, al menos, respetar la acción de la Justicia, ha decidido iniciar una confrontación sin precedentes contra el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado para defender la inocencia del presunto delincuente Álvaro García Ortiz. No es para salvaguardar la presunción de inocencia de Álvaro García Ortiz, que nadie discute, sino para beneficiar los intereses de Pedro Sánchez, dispuesto a seguir vendiéndose como la víctima de la fachosfera política, mediática y jurídica, donde estamos todos. Como la mafia pero sin serlo del todo, no vayamos a excedernos en nuestro vocabulario. Porque la ley es igual para todos menos para los protegidos de Sánchez. Y es el propio Sánchez, el mismo que lleva más de un año sin comparecer en el Senado, casi dos meses sin dar una rueda de prensa y años sin responder lo que se le pregunta en el Congreso de los Diputados, el que ha mandado a sus leales servidores, o sea, a sus ministros y servicios auxiliares, contra el auto del juez Ángel Hurtado y contra el Tribunal Supremo, es decir, contra la Justicia independiente y el Estado de Derecho. Para esto han quedado Félix Bolaños, Marlaska, Óscar Puente, Óscar López, Patxi López o Pilar Alegría, entre otros fieles servidores: para hacer lo que les diga Pedro Sánchez que hagan y para acusar al juez Ángel Hurtado de incumplir la ley, de atacar al Gobierno de España y de prevaricar. Nada más y nada menos. Y Sánchez, urdidor de la estrategia, se mantiene silente y con su mirada cínica, tratando de protegerse a sí mismo, objetivo primigenio y último.
Es la primera vez en que un Fiscal General del Estado es procesado por el Tribunal Supremo, pero todo es posible en el universo Sánchez y en la España que desgobierna el PSOE; desgraciadamente, es la primera vez de muchas cosas indeseables que han ocurrido en España durante los últimos tiempos y que están creando una atmósfera irrespirable. Pero Sánchez no va a cejar en su empeño y seguirá yendo con todo para lograr sus objetivos. Y no es sólo para permanecer en la Moncloa sino que es cuestión de carácter: no va a permitir que nadie ose llevarle la contraria, que nadie ponga en cuestión sus pretensiones, que nadie le tosa. Es el carácter del autócrata, dispuesto a seguir empleando todas las armas con las que cuenta, utilizando a las instituciones que ya tiene a su servicio y maniobrando con los peones de los que dispone para lograr sus objetivos. Quien piense que Sánchez va a dar un paso atrás, echarse a un lado o respetar la acción de la Justicia, está profundamente equivocado. Y este episodio no va a ser, desgraciadamente, el último.
(Publicado en Vozpópuli el 11 de junio de 2025)
