Ya conocemos la nueva vieja propuesta de Urkullu para resolver el «problema» territorial español y corregir el modelo de Estado que no colma sus aspiraciones. Los nacionalistas generan los problemas y los nacionalistas plantean las soluciones: hay que adecuar el modelo territorial a sus intereses, para que puedan independizarse cuando les interese. Por resumir: plurinacionalidad, bilateralidad y derecho a decidir. O sea, independencia de facto y a seguir disfrutando de los derechos históricos a costa del resto de los ciudadanos españoles y a seguir viviendo del cuento de ser nacionalista. O sea, propone que les demos la razón aunque no estemos de acuerdo. En el fondo, es la máxima nacionalista de toda la vida: lo mío es mío y lo tuyo es de los dos.
Como no tienen los votos necesarios para reformar la Constitución siguiendo los principios democráticos, o sea, a través de las vías legales establecidas y alcanzando las mayorías que se requieren, Urkullu propone reinterpretarla por la puerta de atrás: obviamente, a favor de sus intereses particulares, no a favor de la mayoría, que es como se resuelven las cosas en España. Visto lo visto, es lo más viable en España, donde basta ser nacionalista para ser considerado miembro de la coalición progresista, por mucho que sea una contradicción en los términos. Tal reinterpretación se realizaría en el curso de una «convención constitucional», en lo que, según Urkullu, sería «una nueva oportunidad para solucionar lo que la Transición no solucionó del todo en torno a la cuestión territorial». Y todo ello en base a la disposición adicional primera que «ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales». Al parecer, la Constitución es vieja y los Fueros son nuevos. Y los nacionalistas que quieren fraccionar la ciudadanía y romper el Estado son modernos y progresistas.
El PSOE y los voceros del régimen ya han calificado la propuesta de Urkullu de «constitucional», «legítima», «constructiva» y «perfectamente respetable». En cuanto a su contenido concreto, pocos comentarios. Lo más que ha llegado a decir el PSOE es que «no es la nuestra», pero ni eso sería ya extraño a estas alturas del bochorno: que la propuesta del PNV fuera la del PSOE, o viceversa. Por lo demás, sin novedades: respeto y disposición al diálogo, al fin y al cabo Urkullu es un hombre de Estado. No todas las derechas son malas. Él es de derechas, sí, pero nacionalista. Y sus votos son necesarios para que Sánchez siga en la Moncloa. Como los de Puigdemont, que ha pasado de ser, según Sánchez, «el Le Pen de la política española» a un socio prioritario e indispensable para gobernar y «luchar contra la extrema derecha». Es como la amnistía: lo que es ilegal hoy puede ser perfectamente legal mañana si es necesario para que el PSOE siga gobernando, aunque sea algo moralmente inaceptable y políticamente vergonzoso, la plasmación jurídica y en pleno siglo XXI de la justicia estamental del Antiguo Régimen, otra figura progresista.
Para Bolaños la propuesta es buena «porque busca el acuerdo entre diferentes». Al parecer, la que Feijóo planteó al PSOE era mala por proponer el acuerdo entre iguales o parecidos. Tienes que reírte. Otros dirigentes o incluso presidentes autonómicos también se han pronunciado: en general, o les parece mal porque rompe la igualdad o les parece bien porque rompe la igualdad, entre estas opiniones se mueven.
Urkullu no quiere la independencia ahora, entre otras cosas porque sabe que sus votos son plurales y el PNV es un partido atrapalotodo. Quiere, eso sí, una «nación» sin obligaciones y subvencionada por los ciudadanos del resto de España. Y que pueda independizarse cuando considere. Y que, mientras tanto, les paguemos la factura.
(Publicado en Vozpópuli el 5 de septiembre de 2023)