Estos días se cumplen 20 años del secuestro, tortura y asesinato del joven concejal del PP Miguel Ángel Blanco por la banda terrorista ETA, tras tenerlo dos días atado de pies y manos. Y 20 años de la extraordinaria movilización ciudadana que dio origen al “Espíritu de Ermua”: esos millones de personas que salimos a la calle para impedir un asesinato anunciado y a cámara lenta y, después, cuando confirmamos la cruel ejecución, para llamar criminales a los criminales, mientras estos y sus servicios auxiliares se escondían en sus madrigueras. Es cierto que durante unos días los demócratas, unidos, los acorralamos.
Estos días se cumplen 20 años desde que dimos por supuesto que aquello suponía el fin de ETA, dado que suponíamos imposible que, tras aquella barbarie, hubiera un solo cobarde que siguiera apoyando a la banda. Y eso que crímenes semejantes se habían producido antes. Nos equivocamos. Después hubo nuevos asesinatos y la tregua trampa y el Pacto de Lizarra impulsado por el PNV para aislar al partido del asesinado en lugar de al partido de los asesinos… Y, después, más asesinatos. Y años después logramos la derrota policial de la banda gracias a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la aplicación estricta de la Ley de Partidos, la colaboración internacional y la movilización ciudadana impulsada por Basta Ya y otros colectivos cívicos.
A lo largo del tiempo en el que se mantuvo activa como organización terrorista, ETA asesinó a 230 miembros de la Guardia Civil y a 183 agentes de la Policía Nacional, a 103 militares, a 15 ertzainas y a 30 miembros de la Policía Municipal. ETA asesinó a 58 empresarios, 68 representantes políticos, 9 miembros de la Judicatura, 7 de Instituciones Penitenciarias y 3 periodistas, además de otros muchos ciudadanos anónimos. ETA asesinó a hombres, mujeres y niños. A parados, estudiantes, jubilados y amas de casa. A profesores universitarios y a periodistas. A jueces y a fiscales. A gente inocente y anónima, víctima de la mayor de las injusticias, dejando viudos y viudas, huérfanos, padres y madres sin hijos y familias destrozadas. ETA provocó más de 850 asesinados, miles de heridos, centenares de extorsionados y un número incontable de “exiliados”: personas que tuvieron que abandonar su lugar de residencia.
Uno de los líderes de los servicios auxiliares de ETA, Pernando Barrena, decía en 2007 que “los terroristas de hoy puede que mañana no lo sean; depende de quién escriba la historia”; declaración de intenciones que explica perfectamente tanto el momento histórico que hoy día vivimos como los objetivos actuales del entramado proetarra.
Tras la derrota policial de la banda, toca ganar la batalla política y la del relato, para lo cual es imprescindible derrotar el proyecto político de la banda, impedir la manipulación de la Historia que pretenden, evitar que haya un solo gramo de impunidad, proteger a las víctimas y hacer justicia.
En abril de 2017, miembros de COVITE y personas comprometidas en la defensa de la democracia y el Estado de Derecho como Fernando Savater, Maite Pagazaurtundúa o Consuelo Ordóñez impulsaron un manifiesto: “Por un fin de ETA sin impunidad”. En él se subrayan los cinco principios que, siempre pero especialmente en estos tiempos en los que ETA pretende blanquear su historia y la sociedad se relaja y desmoviliza por ausencia de violencia, deberían marcar y ser la guía de actuación de los representantes políticos y de las instituciones públicas, especialmente, el Gobierno de España: no al proyecto político de ETA; sí a la justicia, no a la impunidad; sí a la verdad, no a la falsificación de la Historia; la política penitenciaria no debe convertirse en política de gracia; y por un final de ETA basado en la dignidad.
20 años después del secuestro, tortura y asesinato de Miguel Ángel Blanco, ese es nuestro compromiso. Memoria, Dignidad, Reparación y Justicia.
(Publicado en OK Diario el 10 de julio de 2017)