PREMISAS BÁSICAS.
1) Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos los ciudadanos españoles, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas –el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Por tanto, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero.
2) Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüisticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas co-oficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir hablantes forzosos que artificialmente las perpetúen ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación o instituciones en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello “normalización lingüística”).
3) En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua co-oficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.
4) Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que “las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Nada hubo de objetar, en su día, a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.
REFLEXIONES VARIAS.
Durante demasiado tiempo, hemos callado ante una política lingüística que ha permitido y permite que auténticos mediocres, cuyo único mérito frente a los demás es tener el euskera como lengua materna o haber aprendido a hablarlo, hayan copado las más altas magistraturas de nuestras instituciones, cátedras, cargos públicos, institutos, escuelas y medios de comunicación. Hemos callado ante el despilfarro de recursos provenientes de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos que ha devenido en un suculento negocio para quienes están viviendo muy bien del euskera y dudosamente, a juzgar por los resultados, por el euskera. Hemos callado durante demasiado tiempo ante una política que ha expulsado a muchos hombres y mujeres de sus plazas de docentes, que ha discriminado a muchos a la hora de acceder a un puesto de trabajo y que, en definitiva, ha venido generando sufrimiento, ansiedad y frustración en muchos ciudadanos. La ideología nacionalista del actual Gobierno Vasco pretende convertir al euskera en la lengua que defina quién es vasco y quién no lo es, y que certifique, como objetivo final, la existencia de una nación vasca originaria, con rasgos culturales plenamente uniformes y provista de derechos políticos. Muchos nacionalistas, algunos sobrevenidos, cuando hablan de despolitizar el euskera, pretenden narcotizarnos para acabar imponiéndolo, y cuando defienden el bilingüismo, lo que en realidad buscan es que el euskera sea la lengua predominante y común de su nación vasca (y única), y el castellano una lengua ajena a la identidad de lo vasco, como el inglés, el francés o el chino.
Quienes participaron en la redacción del Estatuto de Autonomía de Gernika cometieron un error básico. Cuando en el artículo 6º definieron al euskera como «lengua propia» del Pueblo Vasco, además de inventarse el confuso y mal empleado concepto de propia (¿en oposición a impropia?), se incurrió en un gran error: omitir que también el castellano, además de ‘lengua común’, es ‘lengua propia’ de los ciudadanos vascos desde el momento en que es la lengua materna, desde hace siglos, de una abrumadora mayoría de vascos. Al menos no intentaron imponer el deber de conocer el euskera y sólo se estableció el derecho a conocerlo y a usarlo. De esa manera, la grave omisión inicial parecía quedar subsanada en la práctica, ya que nadie en su sano juicio pensaba entonces que fuera lógico y viable, en 1979 o en 2010, imponer el deber de conocer el euskera. Pero esa distinción errónea e incierta entre el euskera como lengua propia y el castellano como lengua oficial, impuesta y ajena a los vascos, es, en nuestra opinión, la coartada de ese camino por el que el nacionalismo y el Gobierno Vasco nos quieren hoy llevar, instaurando un supuesto proceso de «normalización» lingüística.
No somos tan ingenuos como para ignorar que, bajo la bandera del bilingüismo y de la integración, se oculta la pretensión nacionalista de utilizar el euskera como factor identitario que demuestre la existencia de una supuesta nación, olvidando que las lenguas son un fenómeno exclusivamente natural y cultural, instrumento para comunicarse y transmitir conocimientos. Algo va mal cuando se pretende que el euskera sea la lengua que marque la diferencia entre el que es vasco y el que no. Es un sarcasmo, visto lo visto, que se nos hable de integración, de tolerancia y de pluralismo. Del nacionalismo radical sólo se puede esperar que termine perjudicando los derechos y libertades individuales, pues son hombres-nación, y nosotros somos únicamente hombres.
En la batalla que los padres de la Plataforma para la Libertad de Elección Lingüística están librando frente al proyecto del consejero de Educación del Gobierno Vasco y frente al conformismo de unos centros educativos sometidos a la coacción económica, se plantea algo que afecta al núcleo esencial de la libertad de todos los ciudadanos vascos. Somos nosotros, las personas, quienes tenemos el inalienable derecho a elegir la lengua en la que queremos comunicarnos y educar a nuestros descendientes. La lengua es un mero instrumento a nuestra disposición, y no un sujeto de derechos que puedan llegar a condicionar las más elementales, personales e íntimas decisiones de cada ciudadano.
El euskera es un idioma de muy difícil aprendizaje y de escaso valor funcional en el mundo actual de la ciencia, de la economía y de la comunicación. No podemos obviar este dato, cualquiera que sea la política lingüística promotora del euskera que se quiera aplicar. Si el euskera tiene que mantenerse sobre el sufrimiento, la imposición, la ansiedad y la discriminación de una mayoría de ciudadanos, más vale que muera. Porque sólo puede y merece vivir aquello que nos sirve, y no aquello que nos limita, que nos coarta, que nos desazona y que se nos impone. Defendemos la más progresista de las ideas liberales: las lenguas, también el castellano, son para los individuos, no los individuos para las lenguas.
El euskera es del todo inocente y merece nuestro respeto. No lo son los que se aprovechan del euskera y lo utilizan para conseguir sus objetivos sectarios y partidistas. Contra esta gente, que es la culpable de que el euskera sea un factor de división, es contra la que nos rebelamos. Nos parece correcto que las instituciones vascas garanticen el derecho a conocer y usar el euskera de aquellos ciudadanos que así lo decidan. Aplaudimos que protejan el euskera, el patrimonio histórico, el arquitectónico y en general todo aquello que integra nuestro acervo cultural. Comprendemos que sea protegido y garantizado su libre uso, pero sin imposiciones ni excesos y atendiendo a las características del euskera y a la realidad social del momento. Pero porque asumimos todo ello, exijimos que se garantice también nuestro derecho a elegir y a usar en todos los ámbitos el castellano como lo que es y con todo lo que ello supone: lengua materna, común y propia de todos los vascos.
Reivindicar el derecho de los hablantes a su lengua es una cosa, reivindicar el derecho de una lengua a crearse hablantes obligatorios es otra diferente. Este breve epitafio podría resumir lo que ha sido la historia de la política lingüística de estos últimos 30 años de Gobierno nacionalista en Euskadi, llevado a su extenuación en la última década, desde las vísperas del pacto de Estella/Lizarra hasta el presente, en vísperas del Referéndum del Lehendakari Ibarretxe anunciado para Octubre.
La pérdida de rumbo lingüístico es tal que ya no sabemos ni cómo denominar a la lengua que se quiere imponer. En el Estatuto se la define como “lengua propia” (en contraposición a la lengua “impropia”, el castellano, la lengua exclusiva del 80% de la población, para derivar con el tiempo en “lengua principal”, y ahora, «lengua prioritaria». Todo para no hablar de la lengua materna, término desaparecido del vocabulario “políticamente correcto”. La manipulación y perversión de las palabras y la prostitución y retorcimiento del idioma forman parte de la batalla que el nacionalismo obligatorio ha llevado a término a lo largo de estos años, para introducir por la puerta de atrás sus mercancías lingüísticas. Y desde luego, hay que reconocer que lo han hecho con éxito. Porque imponer al 90% una lengua no materna en la escuela en 30 años tiene su mérito. El cómo es otro asunto: liquidación de la competencia y asfixia de la demanda no deseada vía real decreto. Hace tiempo ya Aita Luis Villasante, Presidente de Euskaltzaindia entre 1970/ 1988, nos advertía: “Y si no queremos que fracase el proyecto de escuela vasca, hay que operar con mucha cautela. Si antaño se han cometido grandes injusticias escolarizando únicamente en erdera a los euskaldunes, no cometamos ahora el mismo error desde otra posición. Si los niños tienen que ser escolarizados en su idioma materno, apliquemos también este principio cuando se trate de niños erdeldunes ( castellanos) – sobre todo cuando su vida se desenvuelve en medios erdeldunes -, evitando de esta forma traumas y conflictos innecesarios».
En Euskadi los nacionalistas han llevado siempre la iniciativa de la política lingüística. Y los partidos no nacionalistas han actuado con demasiados complejos. La fotografía perfecta que nos deja la historia de esa actitud acomplejada nos la da el Partido Socialista de Euskadi en 1987 cuando el candidato socialista Txiki Benegas renuncia a la Lehendakaritza a favor del candidato nacionalista, José Antonio Ardanza, después de haber obtenido el triunfo en las urnas. Y de aquellos polvos estos lodos. Un nacionalismo echado al monte que deriva en 1999 en el pacto Estella/Lizarra, tren de aterrizaje unos años después para el Plan Ibarretxe.
En los años previos a Lizarra/ Estella se fue cociendo la argamasa del nuevo proyecto lingüístico, convertido en Ley en 1998, el “Plan General de Promoción del Uso del Euskera”, verdadero manifiesto y programa-base del proceso de radicalización lingüística. Los ingredientes del menú lingüístico escolar que nos sirve ahora Tontxu Campos se elaboraron en los laboratorios de aquel Nuevo Consejo Escolar del Euskera que dio a luz el Plan General de Promoción del Uso del Euskera, y que tiene en Kontseilua a su comité ejecutivo en estrecha vinculación con el Gobierno vasco. Curiosamente ahora Kontseilua nos anuncia “Euskaraz Bai”, una nueva campaña renovada de aquel “Bai Euskarari”, anunciándonos una Asamblea General del Organismo para el 13 de Diciembre de 2008 con el objeto de dar nuevos bríos a ese movimiento en paralelo a la ofensiva lingüística lanzada desde el Departamento de Educación, y en paralelo también a la ofensiva general de Ibarretxe con el próximo referéndum. La radicalidad política y la lingüística llevan vidas paralelas.
Veamos brevemente:
(1) ¿Hay libertad lingüística en la escuela vasca? No. Desde las instancias nacionalistas llevan más de una década con una política de hechos consumados, cercenando la oferta de enseñanza en castellano, a través de todos los medios a su alcance. Argumentan desde el Departamento nacionalista que no hay demanda, que nadie quiere estudiar ya en lengua materna castellana, la lengua del 80% de la población. La Plataforma por la Libertad Lingüística constituida en Álava desdice al Consejero, y nos habla del éxodo lingüístico de los alumnos de las zonas fronterizas de Euskadi hacia otras comunidades limítrofes, como Logroño, Miranda de Ebro o Cantabria, porque no se ofertan plazas del modelo A, en castellano, para los alumnos que empiezan su currículo escolar. Se arguye también que con el Modelo A no se consiguen los objetivos de competencia lingüística requeridos. Cabe preguntarse si ese cierre de Modelo A, se ha producido de forma natural, por extinción de demanda, o es producto de la inducción por arriba, extinción vía laboratorio, acordado en petit comité por los que manejan el entramado lingüístico en este país que deciden un pasar página al modelo lingüístico actual de carácter bilingüe e instaurar otro de carácter monolingüe. Analizando en detalle unos y otros datos no parece que la evolución del homo bilingüe al homo monolingüe sea del todo natural en la escuela vasca, menos considerando que según los datos sociolingüísticos de Euskadi un 80% son castellano parlantes, y en territorios como Álava el porcentaje asciende más allá del 90%. Sería el primer caso en la historia sociolingüística del mundo que una lengua, casi moribunda hace 50 años, haya tenido una resurrección tan espectacular en 30 años. Y con otra consideración añadida: siendo una de las lenguas más difíciles del mundo para su aprendizaje, y qué decir para su uso, cuando se nos dice que ni los que lo aprenden lo usan, es decir, que la calle da la espalda a lo que la escuela enseña.
¿Cómo explicar tanto éxito comercial de una lengua no materna, dificilísima de aprender, más difícil de usarla habitualmente, con exiguos hablantes y seguidores, sin proyección internacional, con un prestigio social circunscrito al orden funcionarial del nacionalismo gobernante? Los propios políticos nacionalistas y empresarios o altos ejecutivos del establishment dan la espalda al euskera en todas las instituciones importantes, como el Parlamento y Gobierno vasco, foros empresariales, Congresos, excepto para decir egunon y eskerrik asko y agur. ¿Cómo se obra el milagro? ¿Cómo es posible que el 80% de la población renuncie voluntariamente a su idioma materno, para acogerse al euskera, con lo problemático que es, desde cualquier ángulo que se mire?
(2) ¿Hay voluntad de consenso? Cero. Porque si es necesario se echa mano de los votos hibernados de EHAK, como lo ha hecho el Consejero de Educación para sacar adelante su proyecto de ampliación del euskera al bachillerato, y se logra la mayoría necesaria, la mitad más uno, para el logro de un fin patriótico lingüístico, más allá de los consensos necesarios que en esta materia se tienen que producir, como en su día lo hicieron los ex consejeros de Educación Socialistas Fernando Buesa y Jose Ramón Recalde, para la aprobación de la Ley de la Escuela Pública Vasca y el Pacto Escolar suscrito en 1992.
(3) ¿Bilingüismo escolar o Monolingüismo? So pretexto de defender “la acción positiva a favor del más débil”, el euskera, el nacionalismo gobernante nos ha introducido, vía administrativa, en un mercado monopolístico monolingüe euskaldun, donde el castellano, lengua fuerte e impropia (sic) queda relegado a la nada. Si ese proceso se hiciera de forma democrática, no habría nada que objetar. Pero se ha hecho con intromisión administrativa inadmisible, con una “sobreactuación de los poderes públicos”, contradiciendo los principios que proclaman que las administraciones públicas tienen objetivos y límites claros, según criterios de complementariedad y de subsidiaridad.
De palabra se proclama que el objetivo de los planes de estudio es el logro del bilingüismo. Hasta ahora ha habido unos planes consensuados, con oferta de modelos lingüísticos diferentes, a elección de los padres en función de sus deseos y proyectos escolares para sus hijos. Y este consenso se logró siempre, antes y después de la aprobación de la Ley de la Escuela Pública en 1992. Pero ahora nos encontramos ante un panorama nada halagüeño, porque el monolingüismo con los planes de inmersión lingüística se impone y se amplía en la red educativa vasca y la inmersión lingüística se amplía al Bachillerato.
Toda la oferta lingüística existente en Euskadi es monodireccional. Oferta de inmersión lingüística en euskera. Pero no existe oferta de inmersión lingüística en castellano. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bilingüismo monodireccional significa abrir el camino al monolingüismo. Pero si proclamamos que el objetivo es alcanzar un bilingüismo equilibrado convendría cambiar de chip, y abrir las mentes y las aulas a otras ofertas donde prime la libertad lingüística plena. Dos breves comentarios al respecto.
El Modelo de bilingüismo bidireccional sería el óptimo y el más democrático para alcanzar los objetivos de bilingüismo necesarios a una sociedad como la vasca. Que de la misma forma que el Modelo D se abre a los castellano parlantes, el Modelo A se abriera a los vasco parlantes. Sería deber de la administración pública hacer esa oferta lingüística bidireccional para satisfacer en óptimas condiciones “el principio democrático” que reclama el propio Plan de promoción y Uso del euskera. Pero para eso es necesario dejar de lado sectarismo lingüístico y aplicar en la práctica lo que se predica. La aplicación de ese principio significaría la verdadera normalización política, la aplicación de la libertad lingüística plena, y la obligación de la administración de realizar y promover esa oferta pública bilingüe. ¿O es que acaso un ciudadano de lengua materna euskaldun no puede educarse teniendo al castellano como lengua vehicular, en una lengua universal que lo hablan más de 400 millones de personas? ¿En castellano no, y en inglés, alemán o francés sí? En Euskadi donde existen Liceos franceses, Colegios Alemanes e Ingleses, ¿tendremos que acabar fundando en Euskadi Liceos Españoles para que enseñen en castellano a los que lo deseen, porque la Administración pública cierra el Modelo A en la Escuela Pública? El Modelo A no solo debe ofertarse a los escolares castellano parlantes que lo deseen, sino también a los miles de estudiantes vasco parlantes que desean educarse en la 2ª lengua más hablada del mundo. Cuando seamos capaces de interiorizar, defender, promover y aplicar esta propuesta estaremos en condiciones de hablar de libertad lingüística en Euskadi. Mientras no llegue ese día seguiremos combatiendo por la libertad lingüística plena, contra el monolingüismo obligatorio y por el pleno bilingüismo de la sociedad vasca, promoviendo y apoyando cuantas medidas y propuestas se encaminen al logro de la Libertad Lingüística en el país Vasco. Comprometimos nuestra palabra con los ciudadanos para promover la igualdad y la libertad lingüística, y lo vamos a hacer. Merece la pena.
Otro asunto adicional. Ahora resulta que el Consejero de Educación Tontxu Campos quiere implantar también el Modelo D en la enseñanza del Bachillerato, más allá de la Educación Secundaria Obligatoria, ESO. Y lo quiere hacer sin consenso. A la ya larga inmersión de la ESO, ahora le añaden 2 años más correspondientes al bachillerato, con el argumento de fortalecer las competencias lingüísticas en euskera del educando. Pero lo más curioso del caso es que después de una inmersión lingüística larguísima, que ahora quieren prolongar, toda la vida escolar de un alumno, desde los 3 hasta los 18 años, y en algunos casos desde la etapa preescolar de 0 a 3 años, los alumnos a la finalización de sus estudios de ESO o Bachillerato, para acreditar su conocimiento del euskera tienen que pasar el examen EGA, sin cuyo certificado es imposible acceder a determinados puestos de trabajo. Debe ser el único caso en el mundo donde a un alumno se le exige un examen en la que ha sido su lengua vehicular, lengua en la que ha realizado todos sus exámenes de Filosofía, Historia, Geografía, Matemáticas, Biología y otro sinfín de materias. Este hecho nos demuestra, o, que el modelo D no funciona, y que es un fracaso desde el punto de vista escolar, o, que simplemente ese examen obedece a una voluntad de establecer la disciplina militar en la vida lingüística, para que nadie se lleve a engaño de quién manda y cuáles son las reglas de juego, o lo que es lo mismo: nacionalismo obligatorio. UPyD propone demandar la supresión del examen de acreditación de competencias lingüísticas para todos los que hayan cursado sus estudios de ESO y/o Bachillerato en el modelo D, y que el mero hecho de haber realizado sus estudios en el Modelo D les acredite per se su competencia lingüística.
El Viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno Vasco, Patxi Baztarrika, anunciaba recientemente la apertura del “debate más amplio y abierto que se haya producido en los últimos años en torno a la política lingüística, para establecer el lugar que queremos dar al euskera en nuestra sociedad y la manera en la que queremos vertebrar la convivencia entre las dos lenguas presentes en la misma”, y nos anunciaba la renovación del anterior Consejo Asesor del Euskera que será la responsable de establecer “Las bases para la Política Lingüística del siglo XXI”. En la presentación del nuevo proyecto insistió el Viceconsejero en la necesidad de que “la adhesión y lealtad de la ciudadanía es la mejor y la más eficaz de las leyes para asegurar el futuro del euskera (…) la necesidad de superar el desequilibrio existente entre conocimiento del euskera y el uso real de la lengua, y la voluntad de trasladar a los no vasco parlantes la ilusión por la recuperación del euskera, porque nadie debería patrimonializar el euskera para sí mismo, pero nadie debería excluirse del euskera”. Y en el mismo acto, otros como Pello Salaburu, exrector de la UPV, clamaba por “equilibrar los desequilibrios lingüísticos de la sociedad, atrayendo al campo del euskera a los que hoy viven alejados de la misma”. Y anunciaron una página web y otras iniciativas.
Ante este anuncio, adivinamos los rasgos de la nueva criatura que parirán para Diciembre de 2008 los componentes de este Tercer Consejo Asesor del Euskera. Una mirada retrospectiva a 30 años de “normalización lingüística” da para mucho. En 1998 el Segundo Consejo Asesor del Euskera realizó el dictamen correspodiente con las propuestas que se recogen en el Plan General de Promoción del Uso del Euskera, aprobado por el Gobierno Vasco en Julio del mismo año. En la introducción, el entonces Lehendakari José Antonio Ardanza suscribía “que en nuestra sociedad ha calado la conciencia de que el bilingüismo debe escapar de la confrontación política y que los derechos de los hablantes, de nuestras dos lenguas, deben ser reconocidos, respetados y promovidos”. Pero del dicho al hecho hay un trecho muy largo.
A tenor de este documento, por las valoraciones e informaciones que avanza, se puede concluir que el euskera ha avanzado en 30 años más que en los últimos 500 o 1000 años. El euskera pasa de ser “patrimonio cultural” en vías de extinción, según esos mismos análisis, a ser una lengua viva con presencia en todos los ámbitos de la sociedad, desde la enseñanza obligatoria hasta la Universidad, pasando por los medios de comunicación, la investigación, los servicios de sanidad, justicia, el comercio, y con capacidad de competir en el mercado con el castellano, aunque aún queda mucho por hacer para la plena realización de los objetivos marcados por aquel Segundo Consejo Asesor del Euskera.
Debilidades también se anotan en esta mirada retrospectiva. A pesar de los frutos generados por la escuela con la incorporación de nuevos hablantes al euskera, los llamados euskaldunberris, el uso del mismo en la vida cotidiana no ha tenido un progreso paralelo, y el hándicap existente entre uso y conocimiento no se ha acortado en la proporción deseada. En una palabra, la gente no practica en la calle lo que aprende en la escuela, y ésta no ha cubierto las expectativas puestas en ella para producir lo que los expertos denominan como Inversión en el Desplazamiento Lingüístico (IDL), es decir, que la lengua adquirida en la escuela sustituya en todas o la mayoría de las funciones a la lengua materna en el ámbito familiar, de trabajo y de relación social y, sobre todo, produzca, como colofón, la transmisión intergeneracional de la nueva lengua adquirida en la escuela. Dicho de otra forma, que los nuevos hablantes del euskera primen a ésta frente al castellano en la transmisión intergeneracional.
Por distintas razones, la sociedad vasca se resiste al cambio lingüístico. La escuela es un semifracaso, pero fuera de las aulas el fracaso es estrepitoso, como atestiguan los distintos estudios sociolingüísticos llevados a cabo a lo largo de estos 30 años. No hay avances significativos que anuncien un cambio en el uso de la lengua por parte de los hablantes. A la escuela se la obliga a hablar en euskera, pero la calle sigue empleando el castellano. Ahora nos plantean otra vuelta de tuerca.
El Plan General de Promoción del Uso del Euskera en sus propuestas no hace sino explicitar, con una amplísima batería de medidas (no existen campos que se libren: educación, justicia, sanidad, mundo laboral, universidad, ámbito comercial, empresarial, administrativa, ocio y tiempo libre, religión, deporte, medios de comunicación, etc.,) la estrategia a seguir para el logro de los objetivos de la IDL.
Una cosa es la defensa del euskera, como lengua minoritaria, y otra bien distinta, conculcar derechos lingüísticos de los hablantes castellanos, so pretexto de implementar medidas de discriminación positiva para aquélla. Esa es la línea roja que nunca debe traspasarse, y de ahí nacen los problemas, que desde UPyD, denunciamos para lograr una igualdad lingüística en libertad. Y algunos hechos nos muestran que esa línea se traspasa y se ha traspasado en numerosas ocasiones. Ese el origen de nuestros males.
Los problemas surgen cuando los hablantes de una lengua reivindican derechos lingüísticos y no quieren participar voluntariamente como ciudadanos sumisos, como súbditos, en ese proceso de Inversión y Desplazamiento Lingüístico (IDL) de su lengua materna, cuando se pretenden imponer a todos como un inexcusable deber patrio para crearse hablantes obligatorios.
Los problemas nacen cuando, so pretexto de apoyar al euskera, y al amparo de un desarrollo normativo fabricado para favorecer a unos pocos frente a los muchos, en puestos de trabajo o actividades profesionales que no requieren de esas competencias lingüísticas para un buen ejercicio de la profesión, se establecen perfiles lingüísticos no acordes con las necesidades de la demanda de los hablantes. ¿Cómo es posible imaginar que en el currículo de un médico el PL2 (Perfil Lingüístico) valga 14 puntos frente al título universitario o un doctorado, o el inglés o francés u idioma extranjero se puntúan con 1, y los méritos por antigüedad de toda una vida profesional suman sólo un máximo de 20 puntos? El perfil lingüístico es más valorado que el médico. ¿Cuántos médicos, jueces o funcionarios y empleados de Baracaldo, Vitoria o Irún necesitan del euskera para atender a sus clientes/pacientes cuando según el Mapa Sociolingüístico, publicado por el Gobierno vasco, en esas poblaciones entre el 80 y el 90 ó más son castellano parlantes? ¿Cuántos hay en el Gran Bilbao que demandan tener relaciones en euskera con la Administración, cuando el último Mapa Sociolingüístico nos dice que sólo el 5,3% de los habitantes del Gran Bilbao tienen el euskera como lengua materna, el 2,3% el euskera y el castellano y el 90,6% el castellano? El mismo informe apunta que en el Gran Bilbao “el 2% de la población utiliza exclusivamente el euskera en casa, el 4,1% emplea el euskera y el castellano, y el 93,4% hace solo uso del castellano”. (Fuente: Gobierno Vasco, Mapa Sociolingüístico, Tomo II, Pág. 227) Entendemos que los perfiles lingüísticos exigidos para el acceso a esas plazas a funcionarios o profesionales están alejados de las necesidades de demanda lingüística real ¿Por qué ese afán de exigir en proporción desmesurada conocimientos lingüísticos de euskera a funcionarios, empleados y profesionales que no los van a necesitar en su puesto de trabajo? ¿Acaso tales prácticas no son discriminatorios con la gran mayoría de ciudadanos castellano parlantes en el acceso a esos mismos puestos de trabajo? ¿Pueden competir en igualdad de condiciones todos? No. Prima a la minoría que es vascoparlante. El resto queda discriminado, porque a la postre todos utilizarán en el 90% el castellano. Entendemos que es necesario ofertar desde los puestos de la Administración trabajadores bilingües en la medida de la demanda de los usuarios, según la proporción de usuarios y en función de las tareas públicas acordes con la conducta habitual de los hablantes.
La conclusión es evidente: después de 30 años de “normalización lingüística”, se requiere abrir una reflexión. El postulado básico de los actuales gobernantes nacionalistas es el que sigue: la oferta generará la demanda, tal como reza textualmente en uno de sus postulados el Informe del Plan General de Promoción del Uso del Euskera.
En el País Vasco se está generando en la última década una nueva psicopatología con denominación de origen propia que responde a los síntomas de “estrés lingüístico”. Cantidad ingente de profesionales agobiados por este nuevo síndrome que tiene todos los visos de agravarse con el reciente anuncio del Viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno vasco. Raudales de dinero en sustituciones de plazas de médicos, maestros, jueces, abogados, funcionarios, “obligados” a la adquisición de un perfil lingüístico superfluo, en muchísimos casos, para ocupar con profesionalidad y eficacia su puesto de trabajo, sometidos a un estrés patológico innecesario. El bilingüismo que predican no es más que el señuelo de una estrategia calculada dirigida a la imposición lingüística.
La obtención del Perfil Lingüístico es el Nuevo Servicio Lingüístico Militar Obligatorio de los ciudadanos vascos. Un currículo inacabable, que comenzará a los 16 años, al finalizar la ESO con la nueva prueba de competencia lingüística bautizada como B2, similar al First inglés, obligatorio a partir del próximo curso según las previsiones del Consejero Vasco de Educación, Señor Tontxu Campos; luego el EGA, o el PL1, PL2, PL3, en función de necesidades y exigencias. Condiciones necesarias para encontrar ciertos trabajos, o acceder a un puesto de funcionario, y pronto tampoco será posible al ritmo actual cursar determinadas carreras u obtener pasaporte.
Para reclamar la libertad lingüística en Euskadi es tan simple como pedir que una oposición para ser cirujano, enfermera, barrendero, taxista, empresario, arquitecto, ingeniero o investigador no se transforme en una carrera lingüística absurda que absorba innecesariamente y por decreto ley los esfuerzos intelectuales de nuestros profesionales. Reclamar libertad lingüística es combatir normativas absurdas que sólo generan abusos, discriminaciones y ventajismos amparados en la lengua. Nuestra lucha no es baladí y mucho menos en el País Vasco, donde el terrorismo actúa de motor de propulsión de un nacionalismo obligatorio que intenta transformar a los ciudadanos en súbditos obedientes del idioma. La libertad que reclamamos incluye la libertad de elección lingüística no sólo en la escuela, sino en todos los ámbitos de la vida laboral y social sin que nadie interfiera en el derecho de los hablantes a elegir y hacer uso de la lengua o lenguas de su preferencia. Esa libertad hoy no existe, y cualquier cambio político, de alternancia para Euskadi, tiene que inscribir en su programa, como condición sine qua non, un cambio en la política lingüística que garantice la libertad y la igualdad lingüística a todos los ciudadanos en el acceso a la escuela y la vida laboral y social, sin imposiciones, con la derogación de las leyes y medidas que conculquen derechos lingüísticos de los ciudadanos vascos. Ese es el compromiso que UPyD adquirió con la sociedad y vamos a trabajar con denuedo para su plena consecución.
En cuanto al último informe PISA del que hemos tenid noticias, de los 3.929 alumnos presentados 3.394 (86,4%) hicieron sus exámenes en castellano, y 535 (13,6%) en euskera. Y de los 2.003 alumnos del Modelo D (toda la enseñanza vehicular en euskera), 1.468 (73,3%) hicieron el examen en castellano, y 535 (26,7%) en euskera (una proporción menor de los que tienen como lengua materna el euskera). La primera pregunta es: ¿para qué sirve estudiar en euskera o Modelo D, si son incapaces de hacer correctamente un examen en euskera, lengua en la que se han examinado desde los 3 años que llegaron a la escuela hasta los 16 años cuando finalizan la Enseñanza Secundaria Obligatoria- ESO? ¿Cómo aprobaron anteriormente sus exámenes escolares? El misterio nos lo desvela el Consejero: el alumno sólo está el 17% de su jornada en contacto con el euskera, el resto lo pasa en contacto con su lengua familiar, el castellano. La siguiente pregunta es obligada: ¿Cuánto tiempo tendrá que estar un alumno en contacto con el euskera para que lo maneje adecuadamente, para que un día pueda pasar el examen de PISA en euskera? ¿Tendremos que internar a nuestros alumnos para que alcancen las competencias lingüísticas que el Gran Consejo Lingüístico Escolar diseñó? ¿Y si no quieren? ¿Por qué no dejamos que nuestros alumnos estudien en su lengua materna, y se ejerciten como asignatura en la cooficial de su comunidad pero que no materna? La respuesta es inmersión hasta el ahogamiento. Este sistema es inmensamente caro, costoso e ineficiente. ¿Qué rendición de cuentas nos dan los responsables de la cosa? Ninguna, y además nos proclaman que quieren más de los mismo y de forma reforzada.
Lo que afirma el Consejero de Educación del Gobierno Vasco es que al 85% del alumnado vasco se le obliga a estudiar en una lengua vehicular postiza, que no es ni propia, ni familiar, ni materna, en la que se manejan mal, pero que a la hora de presentarlos en sociedad en competición con otros – examen de PISA – prefiere que lo hagan, por razones obvias, en su lengua materna, y no en la vehicular postiza impuesta. He ahí la cuestión.
Sabíamos de la indigencia lingüística de muchísimos alumnos, obligados a cursar sus estudios en una lengua que no dominan, pero lo que no sabíamos es hasta qué punto puede llegar la indigencia moral y política de los que manejan con absoluto aventurerismo los destinos ajenos de cientos de miles de niños y adolescentes obligados a manejarse intelectualmente con una herramienta lingüística inapropiada para el logro de los objetivos educativos que la escuela debe proporcionar. Pero para que la indigencia de los educandos a los que se debe el Consejero no sea manifiesta les obliga a realizar los exámenes internacionales de PISA en castellano, en lugar de hacerlo en la que ha sido su lengua vehicular en la escuela, el euskera. Así, el Consejero salva la cara.
La Escuela vasca no tiene como prioridad la Educación con mayúsculas y la transmisión de conocimientos, sino la doma de los alumnos en valores identitarios donde la lengua vasca es el instrumento vehicular idóneo para la instrucción ideológica en el nacionalismo obligatorio. Los sucesivos exámenes y evaluaciones lingüísticas que jalonan y jalonarán el currículo escolar cumplen no con una función educativa sino disciplinaria.
Ha sido inmensa la injusticia cometida con cientos de miles de alumnos a los que se les priva de su único instrumento poderoso para su educación: la lengua.
Su pretendida libertad lingüística aboga por que los 85% de castellano parlantes aprendan el euskera obligatoriamente (¡a eso le denomina libertad lingüística!) para dar satisfacción a una pequeña fracción de ese 15% de hablantes bilingües – porque no todos comparten esa burricie- que han decidido que en castellano quieren ser sordo-mudos, cosa muy loable siempre que a los demás no les obliguen a hablar la lengua en la que son mudos. Pero nos piden colaboración y sacrificios al resto,. esto es, el 85% de ciudadanos tiene que ponerse al servicio de una minoría de hablantes. A esto se le llama libertinaje lingüístico.
La política lingüística de Euskadi lleva basándose 30 años en el libertinaje lingüístico al que llaman “normalización lingüística”. ¿Acaso no es libertinaje proponer que el 85% de los hablantes monolingües castellanos que conforman la sociedad vasca inviertan años y esfuerzos ingentes de su vida, desatendiendo otros muchísimos quehaceres intelectuales o de otro tipo, para dar satisfacción a una minoría de hablantes bilingües para los que el euskera tiene un valor simbólico y expresivo, que nadie discute, pero que no les da autoridad moral para exigir una carga tan pesada para los demás, teniendo como tenemos una lengua común universal de comunicación, el castellano, en la que nos entendemos perfectamente, aunque se la trate como “lengua ajena” e “impropia”? El libertinaje lingüístico alcanzó con la ley en la mano cimas inimaginables en Euskadi, y por lo que se barrunta no sólo no hay visos de que cambie, sino que todavía nos quedan más cimas a escalar en la inagotable ascensión de la reconversión lingüística en masa que la escuela vasca lidera.
Amparado en la ley, pero libertinaje al fin y al cabo. Porque, ¿hasta qué punto los poderes públicos tienen capacidad para inmiscuirse en asuntos de privacidad como la lengua? Una cuestión son las normas de carácter general que tienen su basamento en el respeto a los derechos humanos y los derechos lingüísticos del hablante. El intervencionismo lingüístico de carácter obligatorio es antidemocrático. El propio texto del Plan de Promoción y Uso del Euskera señala en el apartado IV.2. “La política lingüística destinada a equilibrar las diferencias entre el euskera y el castellano debe ser complementaria de las acciones individuales y de las iniciativas sociales sin pretender sustituirlas por una sobreactuación de los poderes públicos.” A día de hoy la Administración vasca no solo sobreactúa, sino que se ha transformado en el mentor del libertinaje lingüístico. Esa es la filosofía, expresada con nitidez por los redactores del Consejo Asesor del Euskera, promotor de “Las bases para la política lingüística del Siglo XXI”.
¿Cuáles son los resultados de la política lingüística de 30 años? Las cuentas no salen cuando se comprueba que entre el conocimiento y uso real de la lengua hemos avanzado poco o nada. La IDL (Inversión y Desplazamiento Lingüístico) o Reconversión Lingüística en masa no avanza, está estancada. ¿Entonces para qué nos hemos gastado esos miles de millones de euros? ¿Para enseñar a los escolares una lengua que no van a usar? ¿Qué política lingüística es ésta que nos ofrece esos magros resultados después de invertir cantidades astronómicas en reciclaje de profesorado y otras mil políticas que se reconocen han fracasado? En el último examen realizado en Mayo de 2008 solo aprobaron el 11% de los profesores presentados al examen de perfiles lingüísticos. Y en el examen de Osakidetza el porcentaje medio de aprobados fue de 3% en el PL3, 7% en el PL2 y un 28% en el PL1. De otro lado el Mapa Sociolingüístico del País Vasco sigue inamovible. Los que hablaban y practicaban el euskera hace 25 años lo siguen haciendo y el resto, aproximadamente el 85% de la población, siguen haciéndolo en castellano. ¿Es posible mayor fracaso de una política lingüística obligada, que se quiere perpetuar y acrecentar en los próximos años?
Las cuentas no salen cuando la mitad de los que estudian en el Modelo D no aprueban el examen de competencia lingüística a la finalización de la ESO. Y el Modelo A y B no sirven para alcanzar los fines de euskaldunización propuestos. El fracaso es absoluto. ¿Quién se responsabiliza de esa injusticia, de esa barbarie de educar a los niños y adolescentes en una lengua que no les ha servido para su educación? Alguien tendría que dar cuenta de este fiasco escolar. Pero no, han descubierto dónde está el fallo: el problema está en que las horas dedicadas al euskera son insuficientes, y por lo tanto, los escolares tienen que aprender más euskera, más horas, más días, más años. A esto le llaman eufemísticamente ”más contacto con el euskera”.
Más de lo mismo significa que hay que reforzar aún más los mecanismos de obligación de aprendizaje y uso del euskera. Como con los muchísimos recursos que hay no se consiguen los resultados esperados a la finalización de la ESO, pues alarguemos la inmersión escolar 2 años más y extendámoslo al Bachillerato. Asunto resuelto.
Éstas son algunas de las propuestas avanzadas por Kontseilua: (a) evaluación glotodidáctica (sic) de los idiomas del alumnado al finalizar la educación infantil ; (b) necesidad de oferta de certificaciones lingüísticas al alumnado y a los centros; (c) que todos los trabajadores de la escuela deben ser euskaldunes; (d) la escolarización en los modelos de inmersión y mantenimiento en la Educación Infantil, de 0 a 6 años; (e) la preparación por parte de las escuelas de maestros, de futuros profesores euskaldunes. Libertinaje lingüístico en plena efervescencia.
Lo primero a auditar son las propias leyes y normativas que nos han conducido a esta situación, para frenar este inmenso experimento de reconversión lingüística en masa.
Frente a este libertinaje lingüístico tenemos el doble reto desde UPyD de articular un programa de verdadera libertad lingüística para Euskadi, una oferta clara que sirva de referencia a todos los ciudadanos de Euskadi ante las próximas Elecciones Autonómicas, y el más difícil de impulsar un movimiento ciudadano que frene la deriva del actual libertinaje lingüístico.
PROPUESTAS.
Por consiguiente, entendemos necesario obtener del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:
1) La lengua castellana es común y oficial a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.
2) Todos los ciudadanos que lo deseen tienen derecho a ser educados en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.
3) En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser atendido institucionalmente en las dos lenguas oficiales. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.
4) La rotulación de los edificios oficiales y de las vías públicas, las comunicaciones administrativas y la información a la ciudadanía en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.
5) Los representantes políticos, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.
