UPyD fue el primer partido político que pidió al Gobierno de España la elaboración de una Ley de Transparencia, habida cuenta la opacidad, el derroche de dinero público y la corrupción imperantes. No una ley cualquiera sino una ley digna de tal nombre, que elevara el derecho a la información de los ciudadanos a derecho fundamental, incluyera a los partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales y Casa Real, y controlara a todos los organismos sin excepción que reciben dinero público, independientemente de la cuantía. Hace apenas unas semanas se aprobó en el Congreso de los Diputados una Ley de Transparencia claramente insuficiente, que no cumple los parámetros europeos y que queda muy lejos de nuestras exigencias.
Para paliar en lo posible este déficit, elaboramos y defendimos el pasado 21 de noviembre en el Parlamento Vasco una importante y muy trabajada iniciativa para pedir al Gobierno Vasco la elaboración de una ley vasca de transparencia que recogiera los siguientes principios: el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona; el derecho de acceso a la información se aplica a todas las entidades públicas o privadas que reciban dinero público; el derecho de acceso a la información se aplica a toda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté almacenada; realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito; los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes; el secreto y la denegación de la información son la excepción; toda persona tiene el derecho a recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas; las entidades públicas deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario solicitarla; el derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente; el Gobierno será el principal encargado de realizar las labores de promoción del derecho; y se establecerán las correspondientes sanciones.
Además, pedimos con esa iniciativa al Gobierno Vasco el desarrollo de un Portal de Transparencia que incorporase, entre otras, la información relativa a las retribuciones, indemnizaciones y registro de actividades de los cargos electos (incluidos los parlamentarios), altos cargos y miembros del Gobierno. Y un Registro de Contratos, dentro del cual aparezca la información relativa a los contratos menores y a los procedimientos negociados sin publicidad; un Registro de Adjudicatarios, donde se mantenga una base actualizada y pública de las empresas que han contratado con la administración; una base de datos pública que guarde un Registro de Convenios de Colaboración con el conjunto de los suscritos en el ámbito de la administración autonómica; y una base de datos pública que guarde un Registro de Subvenciones, con todas las concedidas en el ámbito de la administración autonómica. Esta iniciativa de UPyD, extensa, rigurosa y exigente, fue enmendada por todos los grupos parlamentarios para rebajarla y recortarla, a pesar de lo cual algunos medios de comunicación vinieron a vender al día siguiente justo lo contrario: que fueron otros grupos quienes presentaron la iniciativa, evitando incluso citar a UPyD en la “información” publicada. Cabe añadir en este punto que sin información veraz no habrá transparencia ni acceso a la información de las instituciones ni verdadera regeneración democrática.
El conocimiento ciudadano de la actividad de las Administraciones Públicas es un requisito indispensable para el buen gobierno y el progreso de la democracia. El ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de las autoridades públicas, contribuyendo así a reforzar su legitimidad. Un efecto capital de las medidas de transparencia de la gestión es el de reducir las zonas de opacidad y las prácticas oscurantistas que favorecen la corrupción, el despilfarro y la mala gestión. Ahí están, sin ir más lejos, los recientes casos de Epsilon e Hiriko y el dispendio de dinero público producido, para cuya investigación hemos pedido crear una Comisión de Investigación parlamentaria.
Obviamente, la acción jurídica a favor de la transparencia no es ni mucho menos suficiente. La proliferación de normas y leyes puede hacer muy poco si no se procede a reformar aquellas instituciones que ofrecen oportunidad para las prácticas de opacidad, el despilfarro y la corrupción, y si no se cambian la actitud y la mentalidad de los representantes políticos y los partidos políticos tradicionales. De hecho, ni siquiera sería necesario legislar para tomar determinadas decisiones que UPyD ya toma: desde su fundación en 2007, publica en su web sus presupuestos, sus cuentas, sus gastos electorales y las nóminas de sus cargos públicos, cosa que no hace ningún otro partido.
Con una Ley de Transparencia exigente, que controle el destino de cada euro de dinero público, mejores actitudes, voluntad política, y una mayor exigencia ciudadana hubiera sido mucho más complicado que determinados partidos políticos se hayan podido financiar ilegalmente, se haya producido el derroche de dinero público que se ha producido (en obras faraónicas e infraestructuras o proyectos innecesarios), o que los niveles de corrupción política hayan llegado a ser los que son. Y otra vez cabe citar la labor fundamental de los medios de comunicación, que no deberían tratar este asunto de la transparencia como si fuera un asunto menor, porque no lo es en absoluto. En nuestra opinión, es básico para regenerar y ensanchar la democracia, acabar con la corrupción (soterrada o visible), luchar contra el derroche de dinero público y recuperar la confianza de los ciudadanos.