Nosotros queremos efectivamente una educación bilingüe en todos los centros y líneas educativas. Pero también pensamos que el euskera no debería ser lengua vehicular exclusiva en ninguna línea educativa, porque un limitado conocimiento del castellano perjudicaría el futuro laboral y cultural de los jóvenes vascos. Mejorar la educación, especialmente la de aquellos que menos recursos tienen, es nuestra absoluta prioridad. Necesitamos una mejor inserción educativa de los inmigrantes, porque la educación obligatoria es el más importante instrumento en pro de la igualdad y el mejor activo para cualquier sociedad. Apoyamos por tanto una enseñanza pública y laica, sin contaminaciones ideológicas ni guetos educativos, al servicio de la ciudadanía y para el fomento de espíritus críticos.
Si se lee con atención, el Manifiesto por la lengua común es meridianamente claro y contradice lo que sus críticos nos quieren hacer creer: ni pretende atacar al euskera y mucho menos a los vascoparlantes y sus respetables derechos ni pretende convertir al castellano en única lengua oficial. El Manifiesto, auspiciado por algunos de los fundadores de UPyD y divulgado por los miembros del partido, defiende básicamente dos cosas, de sentido común: concretando para Euskadi, que todo el que lo desee pueda cursar sus estudios en castellano (y también, como es natural, en euskera) y que el vasco no sea motivo de discriminación en el ámbito laboral de cada cual ni obstáculo insalvable para opositar a los diferentes puestos de la Administración. Es obvio pero conviene recordarlo: si se aplicaran sus premisas, ningún euskaldún perdería ni uno solo de sus derechos. El Manifiesto no es ningún tratado filosófico pero surge de la más progresista de las ideas liberales: las lenguas son para los ciudadanos, no los ciudadanos para las lenguas. Son un medio para la comunicación y para la transmisión de conocimientos. Cualesquiera otros fines que se le atribuyan, las corrompen. Somos las personas quienes tenemos el inalienable derecho a elegir la lengua en la que queremos comunicarnos y educar a nuestros descendientes. Somos los ciudadanos quienes tenemos derechos, no las lenguas. Y son estos derechos ciudadanos los que debemos defender.
